Suu Kyi se niega a responder al CPI acerca del éxodo de los rohinyás

La oficina de la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi, se niega a responder una petición de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. EFE/Archivo

Bangkok, 10 ago (EFE).- La oficina de la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi, se niega a responder una petición de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya acerca del éxodo de unos 690.000 miembros de la minoría rohinyá a la vecina Bangladesh, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad.

“Myanmar está preocupada por la falta de equidad y transparencia de los procedimientos del CPI”, indicó la oficina de la mandataria en un comunicado divulgado hoy en Twitter por la Agencia para la Ayuda Humanitaria, Realojamiento y Desarrollo en Rakáin del Gobierno birmano.

La oficina de Suu Kyi, que oficialmente ocupa el cargo de consejera de Estado, reiteró que el CPI no tiene jurisdicción sobre Birmania porque no es signataria del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del tribunal internacional.

El comunicado de Suu Kyi se produce después de que la corte preguntara el pasado junio a las autoridades birmanas por “las circunstancias” que rodearon la salida de los rohinyás, que, según la Fiscalía de este organismo, podría constituir un crimen de lesa humanidad.

El grueso del éxodo rohinyá del estado birmano de Rakáin (oeste) comenzó el pasado 25 de agosto tras una campaña del Ejército, que ha sido acusado de cometer ejecuciones, violaciones y quemar casas, en respuesta al ataque de un grupo insurgente de esta minoría de mayoría musulmana.

Las autoridades birmanas tenían hasta el 27 de julio para responder por escrito, de manera pública o confidencial, a lo que la oficina de la consejera de Estado ha respondido que se opone a responder de “manera formal” por considerar que la CPI no tiene jurisdicción en su país.

La Oficina de la Fiscal de la CPI ha recabado datos de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para documentar los supuestos abusos padecidos desde agosto de 2017 por esta minoría de mayoría musulmana, no reconocida por las autoridades birmanas.

Myanmar acusó en febrero a este tribunal de “anular” su principio de soberanía con la posible investigación.

Sin embargo, la Fiscalía argumenta que Bangladesh, país al que huyeron los rohinyás, sí ha ratificado dicho estatuto y está bajo jurisdicción de La Haya desde 2010.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, calificó la situación de los rohinyás como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”.

El Gobierno y Ejército de Birmania han rechazado el grueso de las acusaciones, aunque en abril un tribunal birmano condenó a diez años de cárcel a siete soldados que participaron el pasado septiembre en el asesinato de una decena de rohinyás.

Suu Kyi ganó las elecciones de 2015, pero no pudo ser nombrada presidenta porque la Constitución se lo prohíbe al tener familiares extranjeros y creó el puesto de consejera de Estado para gobernar.

Su Gobierno no tiene poder efectivo sobre el Ejército, que controla por ley un cuarto de los escaños del Parlamento, así como los Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras.